El Consejero Mapuche ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), hace una crítico análisis respecto a la institucionalidad vigente, y a cómo el Gobierno ha llevado adelante el proceso de modificación de la Institucionalidad Indígena. Ve con cierto grado de desconfianza la creación de un Ministerio que, según señala, “podría entenderse como crear más burocracia y no más participación de los pueblos”.
¿Cuál es su diagnóstico de la institucionalidad vigente del Estado para su relación con los Pueblos Indígenas?
La única que existe es la CONADI. Teniendo hoy como parámetro el Convenio 169 de la OIT y revisando la Ley Indígena, la cual da origen a esta institucionalidad, es evidente que existe un desfase conceptual y práctico para dar respuesta a las demandas de los Pueblos Indígenas y, al mismo tiempo, para crear políticas indígenas contextualizadas de acuerdo a lo que establece el Convenio 169.
¿Cree usted que la actual institucionalidad está obsoleta?
Más que obsoleta, la institucionalidad diseñada y establecida en la Ley Indígena nunca se implementó en su plenitud. Hay que hacer un análisis profundo y preguntarse por qué los gobiernos nunca implementaron esta ley en su totalidad. Sobre todo lo que tiene que ver con la participación y la consulta. Haciendo un autocrítica, también hay que establecer que la dirigencia indígena tampoco reclamó esta demanda. Por ejemplo, la creación de los consejos asesores y consultivos para las Sub Direcciones Nacionales establecidas en la ley, que sin embargo nunca se crearon. Esto, al menos, habría dado una oportunidad de entregar propuestas y establecer demandas, situación que hoy depende de la visión de los que llegan a CONADI. Lo que produce que se siguen financiando diagnóstico tras diagnóstico y nunca se crean y ejecutan programas para hacerse cargo de los diagnósticos.
Al plantearle sobre cuáles son sus expectativas respecto a la discusión que comenzará en el Congreso respecto a la nueva institucionalidad indígena, el Consejero CONADI establece que “Primero no hay que dejar pasar que la consulta realizada por el Ejecutivo respecto a los proyectos de ley, fue muy mal hecha y ni siquiera consideró la normativa vigente para los procesos de consulta en Chile (Decreto Supremo 66). Desde mi punto de vista no se ha hecho consulta, pues solo fue escuchar a los pueblos indígenas haciendo eco de lo que establece la Ley Indígena, pero no basándose en la normativa vigente ni en el Convenio 169, que establece que la consulta debe realizarse con el objetivo de llegar a acuerdos”.
¿Pero cuál es su visón respecto a la nueva institucionalidad que se plantea?
Estamos hablando específicamente de un Ministerio de Asuntos Indígenas más que de Pueblos Indígenas. El cual obedece a la recomendación del Relator Especial para DDHH de las Naciones Unidas, Ben Emmerson, quien señaló en su informe que recomendaba crear un Ministerio. La pregunta es ¿para qué lo creamos? Desde el punto de vista de los Pueblos Indígenas podría entenderse como crear más burocracia y no más participación de los pueblos. Es por eso la preocupación de quienes estamos informados de nuestros derechos, pues da la impresión que por lo que se conoce de los proyectos de ley, nos dejan sin participación real a los Pueblos Indígenas. Por lo tanto el anuncio en sí puede resultar atractivo, por la figura de un Ministerio o por el eventual aumento de presupuesto, pero estamos en los supuestos pues el Gobierno no ha querido dar a conocer el contenido real del proyecto de ley.