Una política indígena de Estado es clave para solucionar el conflicto en La Araucanía.
Calidades indígenas, comunidades indígenas, compra de tierras y el desarrollo de las comunidades, fueron los tópicos abordados por un estudio de la Fundación Aitue que analizó la Ley Indígena 19.253, tras cumplirse 20 años de su aplicación en el país.
Este análisis evidenció que la “discriminación positiva” hacia los pueblos originarios genera incentivos para que personas no indígenas busquen identificarse como indígenas para lograr beneficios adicionales, por lo que se sugieren modificaciones para que los beneficios de esta ley sean recibidos por quienes efectivamente tienen derecho a ellos.
En el estudio también se estableció que la Ley Indígena en su actual formulación, ha generado la fragmentación de comunidades. “Es habitual que cada comunidad se divida en dos o más comunidades que sobre la base de un mismo título de merced, reivindican los mismos territorios”, argumentó Nicolás Figari, director ejecutivo de Fundación Aitue.
El directivo agregó que “debieran estudiarse modificaciones al procedimiento para la formación de comunidades y que aumente los estándares de publicidad en estos procesos”.
Respecto a la compra de tierras, el estudio indicó que es necesario corregir las deficiencias del actual sistema de compra de tierras que genera distorsiones al espíritu original de la ley. “Es necesario continuar las compras de acuerdo a los Títulos de Merced y respetar el orden de concesión de aplicabilidad para la compra de tierras que tiene cada comunidad, entre otros aspectos”, sostuvo Figari.
En cuanto al problema de la pobreza de las comunidades mapuche, “Es conveniente estudiar cambios a la ley que permitan la venta de tierras indígenas en zonas de límite urbano cuando las comunidades propietarias así lo resuelvan y faciliten el arriendo libre de tierras adquiridas en comunidad, con los resguardos debidos”, afirmó el directivo.
Como conclusión, el estudio de Fundación Aitue propone que es necesario tomar conciencia de que las políticas indígenas deben ser políticas de Estado y que es importante desarrollar una estrategia, cuyo diseño provenga de la región e incluya a la población mapuche y no mapuche, en favor del mejoramiento, de la calidad de vida y la paz social de La Araucanía.