Con la elección de los 51 Consejeros Constitucionales, se da inicio -nuevamente- a la parte final del proceso que deberá proponer el nuevo texto constitucional para nuestro país. El 7 de junio, día que comienza el trabajo del órgano constitucional electo, deberá resolver un importante tema, que hasta ahora el Comité de Experto no ha dado luces respecto de su resolución. La implementación de la Consulta Indígena.
El texto que se proponga a partir del trabajo del Consejo Constitucional representa una medida legislativa que, al incluir el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, es susceptible de afectarlos directamente. Ambos supuestos son los necesarios para “gatillar” la realización de un proceso de consulta indígena, según lo establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Lo anterior es un deber del Estado y un derecho de los pueblos indígenas que no es posible de obviar.
La realización de la consulta permitirá que el nuevo texto constitucional tenga la valiosa visión y aportes de los diez pueblos indígenas, en su histórico reconocimiento constitucional, ya establecido en las bases constitucionales.
Desde Fundación Aitue hacemos un llamado a los consejeros a considerar las implicancias que podría tener no realizar un proceso de consulta indígena, teniendo en cuenta la flexibilidad que el órgano tiene para diseñar un proceso ad hoc, en los tiempos establecidos para desarrollar su trabajo.
Rosemarie Junge Raby
Presidente Fundación Aitue