Durante las últimas décadas y con distinta intensidad, el debate político ha priorizado la entrega de tierras como solución al conflicto en La Araucanía. Al respecto, cabe tener presente que entre 1993 y diciembre de 2013, el Estado, a través de Conadi, ha adquirido más de 163.000 hectáreas, lo que equivale, para tener una referencia, a más de la mitad de la superficie plantada con frutales en todo Chile. Sin embargo, la violencia en La Araucanía durante estos 20 años, lejos de disminuir, ha ido escalando.
Si bien la información disponible en la materia es escasa, estudios preliminares cuestionan la capacidad de estas entregas por sí solas para sacar a sus beneficiados de la pobreza. Ello se debe principalmente a que quienes las reciben y quieren hacerlas producir, no cuentan con el respaldo en medios técnicos ni financieros para llevarlo a cabo. De este modo, no sólo se frustran las expectativas de estos nuevos propietarios, sino que también ello repercute negativamente en la economía de la región más pobre del país.
Desde otra perspectiva, un estudio realizado el 2013 por la Fundación Aitue a la población Mapuche de la zona sur, revela que aún cuando en La Araucanía la tierra es su principal prioridad en política indígena, tanto la educación como la preservación de su cultura ocupan un rol de primera importancia. Asimismo, la misma investigación revela que el 81% de los encuestados no considera legítimas las acciones de violencia para recuperar las tierras y más del 73% de ellos poseen un ingreso familiar mensual inferior al sueldo mínimo.
A los antecedentes ya señalados, se suma la escasa infraestructura con que cuentan amplios sectores rurales de La Araucanía, que frecuentemente no poseen luz eléctrica ni agua potable, lo que incluso afecta a escuelas y postas rurales.
Finalmente pero no menos importante, es necesario avanzar en el tema de la participación política de los pueblos indígenas, dando respuesta a su demanda legítima por mayores grados de participación en las decisiones del Estado.
Por lo anterior, si bien el tema de las tierras es muy importante y debe ser abordado en profundidad, las soluciones al conflicto en La Araucanía requieren de políticas públicas que consideren el conjunto de necesidades de la población Mapuche de la región. Asimismo, debiera realizarse una evaluación de lo que se ha hecho hasta el momento para establecer por qué las tierras entregadas por sí solas no han sido eficaces para dar una solución al problema.
Lorenzo Dubois E.
Presidente
Fundación Aitue