La consejera Mapuche ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entrega su visión respecto a la propuesta de nueva institucionalidad indígena impulsada por el Gobierno. Hace hincapié en que el Ministerio será la forma en cómo el Estado se relacionará con los Pueblos Originarios.
¿Cuál es su evaluación respecto al proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas que impulsa el Gobierno?
Este es un compromiso que se viene señalando desde 1989 cuando firmamos el acuerdo de Nueva Imperial. En ese momento, y que sigue totalmente vigente, planteábamos que esta institucionalidad debe estar basada sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Que no solo venga a pagar deudas históricas, sino que además venga definitivamente a reconocer que existen pueblos originarios, con cultura, identidad, religiosidad y un territorio. Si es que esta institucionalidad de Gobierno, porque debemos dejar en claro que esta no es una institución de los pueblos indígenas, viene a responder todas las demandas que he señalado, bienvenido sea.
Sobre el proceso de consulta que se realizó sobre estos anteproyectos de ley, la consejera señala que “esto no se ha venido discutiendo de la mejor forma pues se realizó una consulta bastante cuestionada, que no está validad en las comunidades, y por lo tanto dudo que haya recogido todas estas inquietudes”.
¿Qué opinión tiene respecto a la creación del Consejo de Pueblos?
Lo primero que debo señalar es que no se conoce el anteproyecto y por lo tanto no tenemos idea qué rol cumplirá, ni menos los alcances que tendrá esta institucionalidad. Este Consejo debe ser el que determine las políticas que nos afecten, el que entregará las propuestas de los programas que se desarrollen. Una especie de parlamento indígena. Donde exista una participación activa y efectiva de los representantes de los Pueblos Indígenas. Para que no se repita el actual escenario de los Consejeros Indígenas de la CONADI, que somos electos popularmente, pero el Estado tiene mayoría en las votaciones del Consejo y no podemos impulsar lo que quieren los Pueblos Originarios.
¿Cree que la CONADI y la Ley Indígena deben modernizarse?
Toda institucionalidad debe adecuarse a los tiempos y en algunos aspectos la ley si necesita modificaciones. Pero acá, cuando se discute sobre esto, solo se centra la discusión en el artículo 20 que trata el tema de tierras. Creo que las comunidades no quieren esta modificación. Si se quiere modificar, debe ser para ampliar los recursos.
Sin embargo la consejera hace una reflexión respecto a la transparencia con que se debe aplicar este proceso de compra de tierras. “El artículo 20 no establece las malas prácticas o las situaciones irregulares que existen. Hay que transparentar las compras de tierra, hay que señalar cuantas comunidades se comprarán en un año, cuáles serán. No se puede comprar por favores políticos, ni por los que vayan a gritar a la CONADI a presionar. La ley es bastante clara y establece que la compra de tierra es para las comunidades que han tenido perdidas territoriales”.
¿Qué piensa respecto a la posibilidad de compensar las perdidas territoriales con otras formas que no sean tierras?
El tema de tierras es para las personas que viven en las comunidades, que requieren estas tierras para su desarrollo. Ellos no están planteando otro tipo de salidas. Estas iniciativas salen de personas que ya no viven en comunidades y que emigraron a la ciudad. Con ellos también hay que hacer un trabajo y generar programas que apoyen a los indígenas urbanos.
Finalmente Ana Llao señala que “es valido que algunos que han vivido 20 años en la ciudad y son parte de algún titulo de merced, tengan el anhelo de querer mejorar su vivienda, o que quieran que se les paguen pensiones posterior a su jubilación. No creo que esta deba ser la política de compensación de tierras, pero si debe existir algún tipo de salida para estos casos”.