El Director de Fundación Aitue, Joaquín Tuma, analiza los desafíos en materia de institucionalidad y desarrollo económico de los Pueblos Indígenas, de cara al proceso constituyente que enfrentará nuestro país.
¿Qué importancia tiene para el país y para los Pueblos Indígenas que se les reconozca constitucionalmente en una Nueva Carta Magna?
Es sumamente relevante. Se trata de algo sustancial en cuanto Chile históricamente, de hecho y de Derecho, implícitamente los ha reconocido, lo hizo en 1825 con el parlamento de Tapihue, en 1993 con la promulgación de la Ley Indigena y con múltiples acciones del Estado, como la creación de Juzgados y diversas instituciones relacionadas con los pueblos originarios. Creo que no se puede dejar pasar esta oportunidad para reparar este error y hacer justicia. Además actualmente existen convenios internacionales en que nos obligan como lo es el Convenio 169 de la OIT
Además del Reconocimiento Constitucional. ¿Qué elementos de política indígena se deberían abordar con urgencia?
Existiendo Reconocimiento Constitucional, procede entonces incluirlos en la vida nacional, dándoles participación. Eso solo se logra cuando se incorporen en la vida política en todos los estamentos de nuestra sociedad, como por ejemplo los Consejos Municipales regionales, Parlamento, etc. Además los proyectos que se encuentran, en tramitación en el Senado, Consejo y Ministerio de Pueblos Indígenas, pueden ayudar en un reencuentro nacional con todos los Pueblos Originarios
En Materia de Desarrollo Económico ¿Qué se puede proponer para ayudar a las familias indígenas a salir de la pobreza?
En materia Económica, es urgente crear un programa integral, para redireccionar las añejas políticas de asistencialismo, en una alianza productiva público-privada, que logre insertar a la propiedad familiar campesina (incluyendo a las comunidades y asociaciones indígenas) en el siglo XXI y en el Mercado Nacional e Internacional. Esto requiere de apoyar una verdadera regionalización en materia Económica, de tal manera que los programas y acciones de las instituciones pertinentes del Estado, participen en una colaboración efectiva y obligatoria.
Foto: Agencia UNO