Matías Abogabir: “El Estado debe fortalecer la institucionalidad publica que realiza las consultas”

Matías Abogabir, quien fuera asesor especial de asuntos indígenas del Gobierno entre los años 2011 y 2013, realizó un estudio encargado por la OIT, sobre la aplicación de la consulta indígena en nuestro país en relación a los proyectos de inversión.

Hace algunas semanas viajó a Ginebra a presentarlo en un seminario donde participaron dirigentes indígenas de todo el mundo, donde se evaluó la implementación del Convenio 169 de la OIT a 25 años de su promulgación.

A continuación Abogabir nos da cuenta de las principales conclusiones del estudio.

¿Cuáles son los sectores productivos más afectados por el Convenio 169 en Chile?

La minería y los proyectos de distribución y generación eléctrica, son los que más han debido relacionarse con el Convenio 169 , ya que han experimentado consulta indígena, o han sido judicializados por comunidades y organizaciones indígenas que han alegado falta de consulta en proyectos que a su juicio debieron consultarse.

Entre 2009 y 2014, 76 proyectos han tenido acciones relacionadas con el Convenio 169. De ellos 34 proyectos son de energía, 14 de minería, 15 de infraestructura pública y 13 son de otro tipo. Por otra parte, otro tipo de proyectos que se relacionan con el Convenio, son los proyectos de infraestructura pública (caminos, puentes, etc) y medidas orientadas a la de planificación territorial. Finalmente, aunque en menor medida, otros proyectos que han debido enfrentar procesos de judicialización en relación al Convenio 169 son la industria forestal y la piscicultura.

¿Cuáles son las principales dificultades en la aplicación de este convenio en Chile?

Las principales dificultades identificadas en el estudio se relacionan con tres áreas, primero las específicas de los procesos de consulta, como las dificultades metodológicas, o sea, falta de espacios en donde los titulares de proyectos puedan participar de las consultas, y la dificultad que existe para iniciar la consulta indígena de forma temprana. Asimismo, está la falta de recursos para realizar consultas en los organismos públicos y la solicitud de asesoría de las organizaciones indígenas, para la que no existe un sistema institucionalizado. También la falta de coordinación de las instituciones públicas ha sido crucial, pues ha generado desconfianzas y distintos criterios en un mismo proceso, lo que genera confusión. En segundo lugar, están las dificultades que trascienden la consulta indígena, como la desconfianza existente entre los diferentes intervinientes en un proceso de consulta, la falta de diálogo permanente que hace que la consulta sea el único espacio para resolver todas las demandas históricas, y finalmente los desafíos de representatividad de las organizaciones indígenas que aún no han podido abordar. Por último, está la falta de información sobre los procesos de los pueblos indígenas, lo que dificulta aprender de los errores, y además anticiparse para incorporar a las organizaciones indígenas en el diseño de los proyectos.

¿Cómo se determina si un proyecto se consulta?

De acuerdo a las normativas nacionales, existen dos mecanismos para identificar si un proyecto debe consultarse. El primero es para aquellos proyectos que ingresan y se evalúan ambientalmente. En caso que estemos frente a este tipo de proyectos, deberá estudiarse si este genera impactos significativos sobre los pueblos indígenas, ya sea en sus sistemas de vida, produce reasentamiento o se localiza próximo a población indígena, afecta los sitios culturales, o afecta la salud de los pueblos indígenas, entre otros. Por otra parte, para los proyectos o medidas que no son evaluadas ambientalmente (Planes de manejo forestal, concesiones de Bienes Nacionales, Concesiones de Exploración Geotérmica, entre otros), debe revisarse si estos son permisos o medidas de carácter discrecional de la autoridad, y a su vez afectan a los pueblos indígenas en su carácter de pueblos indígenas, y no sólo en su carácter de ciudadanos chilenos.

¿Cuáles son las recomendaciones para abordar un proceso de consulta?

La obligación de Consulta es del Estado, y no de los titulares de proyectos. En este sentido, las recomendaciones generales para el Estado son las de fortalecer la institucionalidad publica que realiza las consultas, dotarlas de mayores recursos y mayor coordinación institucional, con mejores registros e información validada y actualizada. Además es importante activar instancias de diálogo permanente que trasciendan la consulta, y que permitan  resolver las demandas históricas y a su vez recuperar confianzas. Por otro lado, es importante apoyar el fortalecimiento de las organizaciones indígenas, para que sean una mejor contraparte al momento de dialogar más estructurada, informada y consciente de los procesos.

Finalmente en cuanto a los titulares de proyectos, se recomienda que estos desarrollen procesos tempranos de diálogo con las organizaciones indígenas, en las etapas de diseño de los proyectos, que les permitan incorporar a las comunidades en el diseño, generar confianzas, establecer convenios de cooperación, anticipar y prevenir conflictos, y a su vez mitigar posibles impactos.