22 años de la Ley Indígena

Hace algunos días se cumplieron 22 años de la entrada en vigencia de la Ley Indígena. Cuerpo legal que tiene como origen el “Acuerdo de Nueva Imperial” firmado en 1989 entre el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin y representantes de los Pueblos Indígenas. Donde además se comprometió el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos e impulsar iniciativas legislativas, administrativas y económicas necesarias para su desarrollo. Incumplimientos que han derivado en frustración de los pueblos indígenas, la cuales han sido utilizada ideológicamente y en ocasiones para justificar inaceptables hechos de violencia.

Si bien dicha normativa en su génesis buscaba el reconocimiento y desarrollo de los Pueblos Indígenas de nuestro país, el paso de los años a evidenciado como esos objetivos no han sido alcanzados y que por el contrario la Ley presenta serias falencias que debe ser objeto de reflexión y análisis.

Uno de estos es la escasa representación política de los Pueblos Indígenas y el rol de CONADI. Este organismo público se encuentra hoy en día altamente deslegitimado, principalmente asociado a la dualidad de roles que desempeña: por un lado, es el representante de la administración de turno que debe negociar con comunidades y asociaciones; y por otro, es el máximo órgano de representación indígena, aunque agrupe sólo a 4 de los 9 pueblos originarios reconocidos por ley. Estudios realizados por la Fundación señalan que el 11,7% de los encuestados declara haber sufragado en las últimas elecciones del Consejo de CONADI, y a eso añadimos que sólo el 8,6% señala que las autoridades que más lo representan son los consejeros. Vale establecer que el estudio señala que el 81,7% participó en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Otro tema que a juicio de la Fundación Aitue necesitan una urgente revisión es el mecanismo de compra de tierras. En este sentido la actual normativa ha dado pie a irregularidades administrativas, negocios millonarios y ha valido la violencia como mecanismo efectivo para lograr la compra de tierras por parte del Estado toda vez que la gran parte de los recursos que se destinan a estos fines tierras en ¨conflicto¨. De acuerdo a lo establecido por estudios de nuestra Fundación el 81,6% de los mapuches de La Araucanía considera ilegitimas las acciones violentas para recuperar tierras, acciones que como organización también repudiamos y condenamos.

Los resultados descritos a nuestro entender dan cuenta que la Ley Indígena durante sus años de vigencia no ha logrado solucionar los problemas de marginación y pobreza en que se encuentra la población indígena, en especial la de nuestra región. Es por ello que se requiere urgentemente generar procesos de diálogo con el mundo indígena que permitan impulsar cambios en las políticas vigentes que mejoren las condiciones de vida de los pueblos y que permitan corregir las deficiencias que presenta la actual legislación.

Lorenzo Dubois.

Presidente Fundación Aitue.